Interpretación Constitucional, Jurisdicción Normativa en Venezuela y el Sistema del Common Law

Interpretación constitucional, 

Jurisdicción Normativa en Venezuela y el Sistema del Common Law 

Sumario

I Introducción y Justificación.

II Breve análisis histórico del Common Law

III Stare Decisis como base del sistema legal anglosajón. Et Quieta Non Movere

IV una visión en Venezuela Bibliografía.

A manera de introito y justificación.

Comienzo a escribir las líneas de este discurrir motivado por varias situaciones de naturaleza jurídica judicial provenientes del campo de lo político y que inciden de manera determinante en el campo de lo académico doctrinal y científico. En efecto, me refiero a las diversas decisiones de la Sala Constitucional en esta breve historia de innumerables acontecimientos, luego de la puesta en vigencia de la Constitución de 1999 y específicamente aquellas decisiones que han marcado paradigmas nuevos en el proceso judicial venezolano, con un origen o etiología en la facultad de interpretación de la Constitución y las leyes y el carácter vinculante de esas interpretaciones y de las decisiones de este órgano en general.

Recientemente en ese ir y venir de decisiones de la máxima sala, se produjo una decisión con motivo de la interpretación de una norma jurídica, originada en una acción de nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 68, 69, 72, 74 y 79 del Decreto N° 307 con Rango y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial No 5.390 Extraordinario, de 22 de octubre de 1999 intentada por los abogados Adriana Vigilanza García y Carlos A. Vecchio.

Con motivo de esta decisión y con base en otras de naturaleza Homóloga, se desató un debate en diversas esferas de la vida nacional, entre ellas la académica, produciendo una profunda crítica a este órgano judicial por cuanto al parecer de muchos, la sala o super-sala, como otros la han denominado, se abrogó facultades y competencias que van más allá de las establecidas constitucionalmente en clara usurpación de funciones constitucional y legalmente atribuidas a otras ramas del Poder Público.

Pero veamos que dijo la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero:

...." Por otra parte, siendo la Sala Constitucional el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, y máximo y último intérprete de la Constitución, correspondiéndole velar por su uniforme interpretación y aplicación, tal como lo dispone el artículo 335 constitucional, la Sala tiene el deber de interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, y por ello, si bien puede declarar inadmisible una demanda de nulidad, como en el caso de autos, la Sala puede, para cumplir su función tuitiva y garantista de la Constitución, y con miras a evitar interpretaciones erradas, analizar de oficio la norma legal cuya nulidad ha sido solicitada, a fin de señalarle una lectura que la haga congruente con los principios constitucionales, evitando así una errada interpretación por las otras Salas o los otros Tribunales de la República.

Se trata de una facultad de la Sala, derivada de la función que le asigna el articulo 335 constitucional, y del segundo aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le permite a la Sala no sólo suplir de oficio deficiencias o técnicas del recurrente, sino que al considerar que la nulidad de normas es de orden público, autoriza al Juez -como principio general del derecho- a proceder de oficio en resguardo del orden público (artículo 11 del Código de Procedimiento Civil) y dictar cualquier providencia legal...." Agrega además el ponente en otra parte de la sentencia:

La contrariedad absoluta al texto fundamental, sin embargo, no resulta apreciable de manera franca en las normas objeto del presente estudio. Por ello, la Sala estima necesario referir su doctrina en relación con el rol atribuido al Juez Constitucional (vid. SC n° 952/2003, caso: Margarita Farías):

«En tal sentido, resulta necesario destacar que en los sistemas Kelsenianos de Justicia Constitucional, del cual esta Sala forma parte, siempre han partido de la premisa de que su ejercicio se asemeja a lo que la doctrina ha denominado 'legislador negativo' (KELSEN), debido a que ejerce la función de eliminar del ordenamiento jurídico, normas que sean claramente contrarias al dispositivo constitucional. Sin embargo, y así ha sido su desarrollo en el derecho comparado, esta actividad no se agota con su exclusión, sino que se han suscitado situaciones en que el texto del articulado genere confusiones que si bien pueden tener un halo de inconstitucionalidad, no llega a ser de una evidencia tal, que pueda afirmar la necesidad de su anulación. Esto ha conllevado a que la jurisdicción constitucional vaya más allá de ejercer sus funciones como 'legislador negativo', teniendo que dar una interpretación normativa a los fines de esclarecer, delimitar o delinear el sentido de un determinado artículo con respecto a la Constitución 1...].

Estas posiciones han conllevado a que Tribunales Constitucionales tales como el alemán, primeramente, y luego el italiano y el español, tuvieran que desarrollar una modalidad de análisis de leyes para aquellos casos en que se evidencien normas cuya inconstitucionalidad no sea evidente, pero que requieren adaptaciones con el objeto de adecuarlas al orden constitucional vigente. Esto dio por origen la elaboración de sentencias que han recibido el calificativo de interpretativas, por cuanto mediante las mismas lo que se busca lograr es una correcta adecuación del ordenamiento jurídico dictado con anterioridad a la promulgación de una nueva constitución, teoría que se derivó de la circunstancia fáctica de preservar ciertas disposiciones que fueron dictadas con anterioridad a la transición política de regímenes de facto a gobiernos democráticos acaecidos en esos países. Ello conllevó a que en esos casos dichos Tribunales detenten la potestad para revisar si la norma discutida en una solicitud de impugnación se adecua correctamente con los principios de supremacía jerárquica, formal, material, teleológica y axiológica de la Constitución. Si de dicho estudio se observa que la norma cuestionada origina una duda razonable respecto a su constitucionalidad, entonces en esos casos resultaba permisible que la Instancia Constitucional proceda a revisar los términos bajo los cuales fue consagrada dicha normativa, permitiéndose realizar modificatorias en torno a la proposición, bajo la cual esta se formuló, a los fines de aclarar que los elementos que la conforman se presten a plantear posibles inconstitucionales, para así acomodarla al marco de la Constitución.

Esta modalidad de sentencias constituye un instrumento importante en la preservación del ordenamiento jurídico, toda vez que conlleva a que los jueces constitucionales no sólo eliminen normas contrarias a la Constitución que podrían originar lagunas que necesitan de otra regulación que si sea acorde a la norma primaria, sino que les permite en tanto y en cuanto la norma sea subsanable, interpretarla correctamente o reestructurarla (siendo en este caso una decisión cuyos efectos serán ex nunc), siendo en caso de imposible reparación de la norma su consecuente eliminación, toda vez que la interpretación no constituye una suerte de legislación para el juez constitucional [...].

Respecto al ejercicio de la labor interpretativa ejercida por los Tribunales Constitucionales, la doctrina las ha clasificado como 'sentencias interpretativas de rechazo' y 'sentencias interpretativas de acogida' (BISCARETTI DI RUFFIA), ó 'sentencias interpretativas desestimatorias' y 'sentencias interpretativas estimatorias' (PEÑA SOLÍS). En primer orden, se ha entendido como decisiones 'de rechazo' o 'desestimatorias', cuando el tribunal extrae del análisis de la norma o de la interpretación de la proposición normativa que la misma no es contradictoria a la Constitución, siempre y cuando el precepto normativo sea interpretado conforme al análisis que haya asentado el Juez Constitucional en su motivación. Por su parte, en lo relativo a los fallos interpretativos 'estimatorios' o 'de acogida', se ha expuesto que dichos fallos versan sobre aquellas situaciones en las cuales una disposición normativa se presta a múltiples acepciones o análisis que pudiesen ser considerados válidos. Tales supuestos originan que la labor del sentenciador se preste a verificar si cada una de las interpretaciones que conlleva la norma resulta viable respecto al postulado constitucional ante el cual se le cuestiona. Bajo esos supuestos, de verificarse que una o varias de las acepciones derivadas de esa norma resultan inconstitucionales, el juez debe entonces suprimir la interpretación que sea errónea y señalar cuál es el verdadero sentido de la misma. Ello conduce a que esta modalidad de decisiones tengan distintas clasificaciones, toda vez que la sentencia puede conllevar a una supresión de la norma (entendida en sentido intrínseco), o en una adición e inclusive, en una sustitución. En el primer supuesto, la decisión debe acordar que la norma es inconstitucional en aquello 'que no dice', por lo que debe establecer en su motivación el análisis sobre el cual existe el vacío legal. Contrariamente, en aquellas decisiones en que el fallo tenga un carácter supresivo o reductivo, la decisión acuerda la inconstitucionalidad en 'aquello que dice la norma', por lo que restringe el sentido de la misma. Finalmente, en lo concerniente a las sentencias sustitutivas, o las llamadas por un sector de la doctrina como `manipulativas', el tribunal sustituye una parte del texto, tal como lo indica DI RUFFIA, implica en términos literales la ilegitimidad constitucional y la cambia por otra que esté formulada al mismo nivel de interpretación».

Para profundizar en el análisis de lo planteado, debo comenzar por confesar que cuando se produjeron las primeras decisiones de la Sala Constitucional con este tipo de orientación legislativa, estuve en profundo desacuerdo a esta práctica, fundamentando ese criterio en que existía una rama del Poder Público, La Asamblea Nacional, a la cual competía este quehacer y no al órgano judicial que está produciendo estas normas de derecho positivo. Esta opinión al tiempo cambió, no diametralmente, pero varié esta definición luego del análisis holístico de aquello que la reforma constitucional produjo en nuestro sistema judicial y constitucional y que más adelante en este trabajo pretendo dibujar. Cuando afirmo que no diametralmente es porque La sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia produjo en innumerables decisiones, que en este mismo trabajo veremos, que crearon normas de derecho, producto algunas de lo que popularmente conocemos con el nombre de recursos de interpretación, pero producto también de acciones de revisión sustentadas en una facultad para revisar las sentencias de otros tribunales e incluso las de otras salas del mismo tribunal, cuando coliden con normas constitucionales y otros procedimientos, como por ejemplo los relativos a la protección de los derecho colectivos y difusos.

Recuerdo claramente, que una de estas decisiones que produjo gran impacto en lo judicial, fue el caso Emery Mata Millán del 20 de enero de año 2000, que introdujo en el proceso del Amparo Constitucional cambios fundamentales en cuanto a la forma de la determinación del Órgano judicial competente y en otros subsecuentes relativas a la forma como se incorporaban las pruebas en este procedimiento. En ese orden de ideas, las sentencias de los casos Ricardo Combellas y Corpoturismo dieron base a esta facultad de la Sala Constitucional de interpretación de las normas constitucionales y las legales que eventualmente puedan estar en contradicción con normas o principios constitucionales y el carácter vinculante de sus decisiones.

Al momento de afirmar que mi opinión inicial con relación a esta situación de la decisiones de la sala constitucional cambió, fue porque ellas generaron una curiosidad por el estudio de las instituciones jurídicas que se plasmaron en la Constitución de 1999, y sobre todo volcar esa curiosidad en conocer su origen y comparar un sistema de decisiones que no había sido usado en Venezuela en la era que me da en llamar democrática que comenzó con el denominado pacto de Punto Fijo de la década de los 60.

En resumen este análisis está dirigido a determinar tomando en cuenta que la sala constitucional establece, que en virtud del contenido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le confiere la facultad de interpretación de las normas constitucionales y de las normas de rango legal para adaptar su interpretación a los postulados y principios constitucionales, se convierte, de alguna manera en una especie de legislador u órgano legislativo ("legislador positivo"), por esa facultad interpretativa y por el efecto vinculante de sus decisiones, y utiliza en ese desiderátum un análisis de derecho comparado con las legislaciones alemana, italiana y española entre otras, además del contenido del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Con las opiniones que traigo no quiero de ninguna manera poner una nota drástica en la discusión doctrinal que subyace, pero debo afirmar que viendo las decisiones y sus críticas, surge la idea de sumar un elemento que hasta ahora no he notado y considero de gran importancia. Me refiero a establecer la comparación que pueda existir entre lo plasmado en la constitución en el artículo 335 y lo decidido por la sala y el Sistema Legal Judicial denominado common law, derecho común, derecho consuetudinario o de raíz anglosajona.

Para ello pretendo valerme de un pequeño bosquejo histórico.

II Breve análisis histórico del Common Law.-

El common Law, derecho consuetudinario o derecho anglosajón encuentra su origen en Inglaterra, en el s. XI, y se extendió en los países que formaron parte del Imperio Británico. Es el conjunto de normas y reglas de carácter jurídico no escritas, pero sancionadas y recogidas por la costumbre o la jurisprudencia que son parte del fundamento del Derecho en los países anglosajones.

En el s.XI, Guillermo El Conquistador, duque de Normandía, invadió Inglaterra, que estaba dividida en los diferentes principados sajones, y tras la batalla de Hastings se proclamó rey. Los normandos unificaron Inglaterra en una sola monarquía y crearon unos tribunales que tenían la finalidad de unificar el Derecho existente. El Derecho que creaban estos tribunales, a partir de las costumbres locales, se denominó Derecho Común. Desde la Edad Media se fue consolidando este modelo que coexistía con la justicia de la equidad o derecho de los súbditos a apelar al Monarca para pedir Justicia. El sistema de fuentes del Derecho Común se caracteriza por dar una gran importancia a la jurisprudencia. Hay ramas del Derecho en las que hay muy pocas leyes y se basan sobre todo en las sentencias de los tribunales. Cuando se hace una ley en una materia en la que antes sólo había jurisprudencia, esta queda sin valor, pero la ley se ha de interpretar restrictivamente, desplazando lo mínimo la jurisprudencia.

Los tribunales están vinculados a seguir la jurisprudencia de los tribunales superiores y de ellos mismos en los casos similares. Los tribunales, sino existe ni precedente, ni norma escrita para aplicarla en un caso,  pueden crear una norma jurídica para aplicarla al mismo. La costumbre tiene más importancia, ya que es el origen del Derecho Común que era el resultado de convenciones o acuerdos entre los protagonistas del proceso político. El Common Law debe su desarrollo a las Cortes Reales que dictaron sentencias fundadas en la razón y las costumbres, creando así un sistema único. Ante todo un derecho de procedimientos, su raciocinio tiende más a la inducción que a la deducción, y así llega a ser natural el inferir consecuencias generales de casos particulares. La continuidad del sistema está asegurada por la regla de precedentes jurisprudenciales, y es solamente en tiempos modernos cuando la ley escrita tiene un papel equivalente en el desarrollo de ese derecho. Se encuentran recopilaciones de leyes en el Common Law, pero no'hay códigos afirmación esta que debo hacer no de manera absoluta por cuanto con el devenir histórico si se han producido algunas compilaciones legislativas que de manera formal cumplirían con algunos parámetros para ser denominados códigos.

III Stare Decisis como base del sistema legal anglosajón. Et Quieta Non Movere.

Stare decisis es el nombre abreviado de la doctrina que constituye la esencia del sistema jurídico imperante en los países anglosajones. Este sistema, como es sabido, se llama common law. El nombre completo de la doctrina es stare decisis et quieta non movere, que significa, en traducción flexible, "estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto". La idea general que subyace a la doctrina es la del respeto por las decisiones precedentes -o, simplemente, los "precedentes"-, es decir, decisiones tomadas previamente por otros tribunales que resolvieron un problema semejante. Sin embargo, la comprensión del sistema originado en Inglaterra requiere entender que un solo precedente constituye derecho y genera obligación. Es lo que algunos autores llaman, "la doctrina del precedente individual obligatorio". Según la visión tradicional inglesa, la obligación de seguirlo existe "ya sea que el precedente haya sido dictado el año anterior o hace un siglo, e incluso si la regla que establece ahora parece inapropiada en razón de circunstancias sociales cambiantes o por algún otro motivo".

Esta doctrina no existe, como principio general o, como se suele decir, "formal", en los sistemas jurídicos "continentales" o "civilistas", donde, a lo sumo, la jurisprudencia adquiere importancia, cuando una determinada solución se repite en el tiempo y genera una costumbre aunque es cierto, como se ha señalado en las últimas décadas, que existe una tendencia a la convergencia entre las dos grandes familias jurídicas del mundo occidental, common law y civil law, tendencia que también se evidencia en el rol que se asigna a la jurisprudencia como fuente de derecho. Es importante destacar también, que pareciera una tendencia la ausencia de una doctrina formal de stare decisis en la mayoríá de los países del civil law, esta sigue siendo una diferencia importante con los sistemas de common law, aun cuando sin embargo de hecho siempre se ha reconocido una gran autoridad a los precedentes, incluso en la tradición del civil law. La diferencia, es esencialmente una de grado y tiene que ser vista en conexión con la estructura más diluida de los tribunales, la inundación de decisiones irrelevantes tapando las pocas significativas, el personal judicial más anónimo y orientado a la rutina: Todas estas características de los sistemas del civil law conducen a tornar esa autoridad menos pronunciada, menos visible, y menos dramática que la autoridad de los precedentes en las áreas donde prevalece la tradición del common law" . De todos modos, es importante subrayar que en Inglaterra, Estados Unidos y los demás países del common law, basta que haya una decisión "in point", es decir, aplicable al caso concreto para que un juez se vea obligado, en principio, a seguirla. Ello no ocurre, en líneas generales, en los demás países de tradición civilista. Es verdad que en esos países existe un cierto respeto por la jurisprudencia, por los "precedentes", pero no por un precedente: Hay una diferencia metodológica radical entre los dos sistemas. En el moderno derecho continental, como ocurría en el derecho romano, el énfasis no está en el caso individual, en particular, sino en una serie o grupo de casos que crean una práctica.

Por otra parte debemos tener en cuenta que la ley, como expresión de la voluntad democrática, constituye un punto de partida que debe tomarse en cuenta siempre para los procesos en los cuales los jueces toman sus decisiones, pero tampoco podríamos inferir, que la ley constituye en sí misma un límite en esa toma decisiones por cuanto los textos normativos no revelan en sí mismos la soluciones a los casos planteados, en pocas palabras la ley requiere de interpretación. La duda o no que genera la ley no es inmanente al texto mismo esta surge de los problemas que un texto determinado es urgido a resolver. Una norma puede ser clara respecto a un problema y oscura respecto a otro. No se puede excluir que un texto normativo, en el ámbito temporal de su vigencia, pueda pasar de la claridad a la oscuridad o viceversa. De allí, la enorme responsabilidad del juez, y para estos es importante comprender que en un buen número de sentencias, el elemento jurídico de la ley no corresponde al elemento jurídico de la sentencia. Éste viene a ser el resultado de complejas búsquedas selectivas entre los sentidos posibles a partir de estándares de racionalidad metodológica que vayan más allá de toda arbitrariedad.

La ley no puede "independizarse" de la interpretación en el momento de ser aplicada. Y para ello, para ese proceso de interpretación se hace necesario convenir

Que el mandato de vinculación al imperio de la ley se extiende también, en el plano horizontal, a la ley interpretada, al menos a la correctamente interpretada, particular y especialmente, cuando la interpretación procede del tribunal que ostenta la supremacía jurisdiccional como es el caso de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia.

En conclusión, el método de decisiones desde el punto de vista constitucional reclama estándares de particular importancia hacia las decisiones previas, hacia las decisiones ya tomadas en las cuales existe un precedente. Se tenga conciencia o no, de ello y sin perjuicio de la calificación institucional que otorguemos a dichas decisiones o de la eficacia vertical que se les atribuya, aquéllas constituyen manifestaciones objetivas del mandato de sujeción .Sin perjuicio de la discusión sobre los límites del precedente y de los mecanismos de separación, lo cierto es que cuanto más alto sea el tribunal más le es exigible que sus decisiones no se separen de forma ligera o precipitada del sentido y alcance de lo que con carácter previo, han decidido qué es derecho y cuál derecho. No creo que baste oponer la trillada singularidad continental versus del sistema anglosajón para negar la trascendencia que, para el reconocimiento de la supremacía jurisdiccional en términos materiales, tiene el método de decisiones del stare decisis. Con independencia de la lengua que lo defina y de los rasgos institucionales singulares que adopte en cada sistema jurídico, lo cierto es que en su significado básico no puede ser ajeno al uso y a la cultura para tomar decisiones de cualquier tribunal. La cuestión de la importancia relativa al precedente, como manifestación específica del sometimiento de los jueces a la regla del imperio de la ley, entendida como ley interpretada, no significa imposibilidad de separación este (la regla stare decisis) no es, un mandato inexorable y universal. La importancia dirigida hacia el precedente no impone una rígida vinculación horizontal, sino la necesidad de aplicar estándares metodológicos rigurosos de desvinculación pues lo que está en juego son las mismas libertades constitucionales las cuales no se protegen adecuadamente mediante una jurisprudencia dubitativa. Realmente, cuando el tribunal reexamina una decisión anterior, la costumbre quiere que su resolución esté fundada sobre un cierto número de consideraciones prudentes y pragmáticas que permitan medir la compatibilidad del cambio jurisprudencial con el ideal del Estado de Derecho, y calcular el costo de reafirmar y de modificar un caso anterior y añadir un costo complementario por el repudio de dicha doctrina- es necesario cuestionarse si la regla fundamental del caso, el precedente en otras palabras se ha convertido en algo difícilmente utilizable; si los límites impuestos por este precedente pudiera ser abandonados sin que un grave perjuicio afecte a la estabilidad de la sociedad a la que aquélla decisión sirve; nosotros debemos también preguntarnos si los datos de hecho que han servido de fundamento a la decisión, la cuestión fáctica o de hecho han cambiado en el curso de los decenios de vigencia y han se han convertido en extraños o injustificables para resolver el tema a la cual aquélla se dirigía...Una decisión que revise una jurisprudencia anterior debe estar justificada por una razón especial que debe ser superior a la simple creencia de que la decisión anterior había sido mal juzgada. Pero, además, el método para tomar decisiones que reclama el cambio o salto en el precedente no solo se satisface en términos justificativos, se trata pues de la exposición de las razones cualitativas, de las razones para renovarlo. La ruptura del precedente en el caso concreto, requiere de una especie de acto de contrición que establezca que la decisión de la que se separa el tribunal estaba equivocada. El reconocimiento de la equivocación previa es una especie de precondición, para dotar a la nueva decisión de fuerza doctrinal de renovación, liberadora del precedente, y segundo, en lógica consecuencia, para que la motivación satisfaga el estándar de justificación cualitativa que es necesario en supuestos de cambios jurisprudenciales. Creo que cuanto más pronunciado sea el cambio o cuantas más consecuencias arrastre, sobre todo si aquéllas comprometen la libertad y los valores constitucionales, la contrición, como actitud justificadora del salto debe ser mayor.

IV Una visión en Venezuela.

Analizado someramente cómo funciona el sistema de Derecho Consuetudinario y la doctrina o principio stare decisis, me dispongo a realizar un análisis a partir de lo establecido en la decisión in comento, la legislación positiva y los puntos de contacto y diferenciales entre un sistema y el otro.-

Para ello es necesario utilizar el contenido del artículo 334 de la Constitución:

 "Artículo 334. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República."

Notemos, que la norma se refiere a decisiones sobre contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, es decir el carácter vinculante de las decisiones está referido específicamente a esta actividad, pero no determina la norma en virtud de que procedimiento se establece el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, es aquí donde se halla la médula del problema doctrinal planteado,: La sala Constitucional ha entendido que es en cualquier procedimiento en el cual le corresponda analizar el contenido y el alcance de las normas y principios constitucionales, razón por la cual han sido profusas y variadas sus decisiones e interpretaciones, otros críticos no logran asir tal construcción y basan su oposición a este proceder basados en el origen difuso en el que se producen las decisiones de la sala, pues no tiene un procedimiento especifico y podemos encontrar interpretaciones de la constitución y con ello legislación positiva en diferentes procedimientos que ha conocido la sala constitucional.

En este punto vamos a conseguir la primera diferencia con relación al Sistema Legal anglosajón, en Venezuela, el carácter vinculante de las decisiones solo deviene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el sistema de origen inglés todos los tribunales o cortes y sus decisiones se constituyen en precedentes por cuanto cada una dirime el caso particular y es a partir de ese caso particular que se establece una regulación de naturaleza general, con la nota resaltante que los tribunales de inferior jerarquía están sujetos a los precedentes emitidos por los tribunales de superior jerarquía y por precedentes anteriores en términos temporales, en cuyo caso aplicamos el principio del stare decisis, y para apartarse de lo decidido previamente, debe el tribunal cumplir con los requisitos señalados en el capítulo anterior. Pero hay puntos de concordancia, de semejanza que es importante señalar entre uno y otro sistema. Aquel que está dirigido a que las decisiones constituyen precedentes de obligatorio cumplimiento, que en el caso venezolano presenta una doble vertiente, por una parte, una de las desembocaduras de esta doble vertiente es la que la Sala Constitucional denomina "legislación positiva", cuando la norma que se interpreta tiene una apariencia de apego a la constitución, luce constitucional, pero genera en su aplicación cierto nivel de distorsión que hace necesario la intervención del juzgador a fin de clarificarla, en algunos casos adaptarla a los postulados y principios constitucionales Y la otra, cuando en esa labor interpretativa simplemente sin establecer legislación positiva determina el alcance, el límite de la norma interpretada. En la primera desembocadura, momento en el cual prácticamente legisla, allí en este punto, consigo uno de los límites a esa competencia atribuida a la sala, determinado por la posibilidad que el órgano legislativo ponga en vigencia una nueva norma sobre la cual se produjo la decisión interpretativa, legislación positiva, de la Sala Constitucional. No obstante, pareciera que el órgano legislativo tiene también como límite en su actividad primaria, la obligación de adaptarse a lo dispuesto en la decisión, es decir la imposibilidad de incurrir en lo que en doctrina del derecho administrativo se denomina la "Reedición del acto", lo cual quedaría plasmado cuando el órgano legislativo ponga en vigencia una norma igual a la que fue anulada previamente por la Sala Constitucional, o que del texto de la norma nueva, pueda colegirse igual interpretación o igual sentido, con usos semánticos o lingüísticos diferentes. Sin embargo, en ese ir y venir de decisiones de la Sala Constitucional conseguí un caso como ese. En efecto, mediante decisión de fecha 20 de noviembre de 2002, expediente 02-0311, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela solicitó la nulidad de una serie de artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó la nulidad de los artículos 89 y 90 del mencionado texto legal por inconstitucionalidad. El texto anulado fue el siguiente:

"Artículo 89. Iniciado el procedimiento, el Instituto Nacional de Tierras podrá intervenir las tierras objeto de rescate que se encuentren ociosas o incultas, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto Ley. La intervención de tierras ociosas o incultas se acordará por el directorio del Instituto Nacional de Tierras de manera preventiva, a fin de hacer cesar la situación irregular de las mismas. En el acuerdo de intervención el Instituto Nacional de Tierras dictará las condiciones de la misma según el caso particular, fijando:

1.         Si se ocupa o no preventivamente por grupos campesinos de manera colectiva con fines de establecer cultivos temporales, con prohibición de establecer bienhechurías permanentes mientras se decide el rescate.

2.         El tiempo de la intervención, el cual tendrá una duración máxima de diez (10) meses, prorrogable por igual período.

3.         Las normas dirigidas a proteger los recursos naturales existentes en las tierras intervenidas.

4.         Cualquier otra condición que el Instituto Nacional de Tierras estime conveniente".

"Artículo 90. Los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras públicas susceptibles de rescate, no podrán reclamar indemnización alguna, por concepto de las bienhechurías o frutos que se encuentren en las tierras ocupadas ilegalmente".

La interpretación de la sala con relación al artículo 89 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ya mencionada en la decisión que comento fue la siguiente:

"Sin embargo, también es de indicar que los procedimientos administrativos ablatorios, aquellos que tienen por objeto disminuir la esfera jurídica de los administrados mediante la restricción de un derecho, deben estar dotados de mayores garantías para aquéllos, de forma tal que la potestad administrativa sea ejercida de manera congruente y adecuada a los fines propuestos por el ordenamiento, garantizándose así el apego a la ley de la actuación administrativa. Es así como el test de constitucionalidad de una norma que disponga la posibilidad de que la Administración instaure un procedimiento ablatorio es más estricto, pues con ella se están restringiendo, de manera directa, derechos subjetivos afectándose enormemente la situación jurídica del administrado, En tal sentido, se observa que si bien el título al cual pertenece la norma en referencia trata del rescate de las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras, el artículo 89 trata de la intervención de esas tierras, rubricadas como ociosas o incultas, de manera preventiva, para hacer cesar esa situación, esto es, el carácter ocioso o inculto. Como puede desprenderse, la finalidad de la intervención previa no guarda correspondencia con la instauración del procedimiento ablatorio, esto es, la necesidad de recuperación de las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras ocupadas ilegal o ilícitamente, inexistiendo la debida adecuación a los hechos de esa potestad otorgada a la Administración, ya que, en todo caso, esa será una medida que corresponde con la necesidad de solventar el carácter ocioso o inculto de la tierra y no con la ocupación ilegal o ilícita de la misma, por lo cual, ante esa situación, y no existiendo tampoco una proporcionalidad entre la intervención instituida por el artículo y el carácter ocioso o inculto de la tierra, pues una vez finalizado el procedimiento administrativo correspondiente, la Administración, por el principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, podrá entrar en posesión directa del bien, lo cual no justifica una intervención momentánea, esta Sala declara la inconstitucionalidad de la norma en referencia porque transgrede el derecho constitucional a la propiedad, dado que no es posible una interpretación que la adecue al ordenamiento constitucional. Así se decide."

Y con relación al artículo 90 ejusdem, la interpretación de la sala fue la siguiente: "El artículo 90, en definitiva, no se corresponde con la idea sustancial de la Constitución y de la ley misma, pues pretende desconocer la existencia de la propiedad y la utilidad social que dentro del ámbito agrario cumple, con lo cual, de admitirse la tesis que propugna el indicado artículo, se estaría atentando no sólo contra el derecho a la propiedad estatuido en el artículo 115 de la Constitución, sino contra todo aquello que ha inspirado durante décadas el Estado Social y de Derecho recogido tanto en el texto constitucional vigente como en la Constitución de 1961. No reconocer la propiedad de los bienes que existan sobre las tierras del indicado Instituto Nacional de Tierras, atenta contra el derecho a la propiedad, y hace que el Instituto incurra en un enriquecimiento sin causa, pues se subvierte la idea de accesión inmobiliaria en sentido vertical, que acarrea la inconstitucionalidad de la norma. El derecho a la propiedad es un derecho esencialmente limitable, dado su utilidad social, pero dicha limitación no puede suponer un desconocimiento del derecho, por su rango constitucional, una absorción de las facultades del propietario al extremo que llegue a eliminarlo, pues de ese modo no se estaría garantizando esa protección que la Constitución le otorga. De tal manera que, siendo que con la norma en referencia se desconoce de manera absoluta el derecho a la propiedad sobre las bienhechurías realizadas por los ocupantes de las tierras del Instituto Nacional de Tierras, esta Sala declara la nulidad del artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario." (2855-201102-02-0311.htm).

Posterior a esta decisión que fijo de manera clara e inequívoca la interpretación de los artículos 89 y 90 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y las razones de su inconstitucionalidad, La Asamblea Nacional reformó parcialmente el mencionado instrumento, la reforma fue propuesta por los diputados Elías Matta W., Enrique Márquez, Charles Medina, Jesús Alcántara., Dianela Parra, Julio Montoya, Ángel E. Vera, Omar Fuenmayor y Héctor Vargas. Este instrumento presentado fue discutido de la siguiente manera: La primera discusión el 14/de mayo de 2002, aprobada el mismo día, la segunda discusión el 5 de abril de 2005 fue aprobada el 14 de abril de 2005, el 28 de abril de 2005 se hicieron algunas modificaciones al texto legal las cuales fueron aprobadas el mismo día fecha en la cual recibió la sanción y que publicada finalmente en la gaceta oficial No. 5571 de fecha 18 de mayo de 2005.

Con la modificación que se hizo de los artículos que recibieron la nulidad por inconstitucionalidad tomaron en el cuerpo de la ley una numeración diferente y una redacción que varió de la siguiente manera: 

"Artículo 85. Dictado el acto de inicio de procedimiento para el rescate de las tierras, el Instituto Nacional de tierras ordenará la elaboración de un informe técnico y, en ejercicio del derecho de rescate sobre las tierras de su propiedad, podrá dictar medidas cautelares de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate, siempre que éstas guarden correspondencia con la finalidad del rescate de la tierra, sean adecuadas y proporcionales al caso concreto y al carácter improductivo o de infrautilización de la tierra.

Toda medida cautelar dictada de conformidad con el presente artículo deberá ser notificada personalmente a los ocupantes afectados directamente por la misma en el acto de su ejecución. En caso de no poder practicarse la notificación personal en dicho acto, se continuará con su ejecución y se ordenará fijar en la entrada de la finca la respectiva boleta, en cuyo caso, se considerará notificado. Si aun así no fuese posible practicar la notificación, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial Agraria. En todo caso, los ocupantes afectados directamente podrán ejercer los recursos consagrados en la ley. Las formas de notificación establecidas en este artículo podrán aplicarse a todos los procedimientos administrativos previstos en la presente ley.

La medida cautelar de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate, deberá establecer el tiempo de duración de la misma y la garantía del ejercicio del derecho de permanencia de los sujetos referidos en los artículos 17, 18 y 20 de la presente ley.

El procedimiento previsto en el presente Capítulo tiene carácter autónomo; en consecuencia, para iniciarlo no será necesario agotar ningún acto previo.

Artículo 86. A los efectos de esta ley, ocupación ilegal o ilícita de tierras con vocación de uso agrario, no genera ningún derecho; por tanto, la administración agraria no estará obligada a indemnizar a los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras con vocación de uso agrario susceptibles de rescate, por concepto de bienhechurías que se encuentren en dichas tierras."

Como podemos notar, en el primer párrafo del artículo 85 ( texto reformado) se repite aquello que fue un límite fijado en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, se refiere nuevamente al carácter improductivo o de infrautilización de la tierra, como una finalidad propia del procedimiento de rescate, si bien es justo constatar que incluyen en el texto del mismo parte del límite que fija la misma sala, es decir que el procedimiento administrativo este referido al rescate de tierras propiedad del instituto, pero incluye nuevamente esa finalidad del rescate de tierras ociosas, lo que evidentemente traspasa el límite de la constitucionalidad ya fijado y convierte a la norma en inconstitucional nuevamente. REEDITA EL ACTO CLARAMENTE.

Situación más grave se presenta con el contenido del artículo 86 ejusdem, allí en esta norma, es más clara y directa

la reedición del acto, por cuanto con un uso semántico diferente prácticamente se pone en vigencia la misma norma que fuera anulada con anterioridad.

Ahora bien, el punto más controvertido, más discutido, más criticado por la doctrina nacional es aquel que tiene que ver con la facultad auto atribuida relativa a aquello que la sala llama legislación positiva y otros como el Dr. Carlos Luis Carrillo A. citando a la misma sala constitucional denominan jurisdicción normativa. Numerosos han sido los criterios de diferentes académicos que tienen que ver con lo que se ha denominado la legislación positiva, jurisdicción normativa o en otras palabras facultad o competencia para legislar a través de las decisiones. En un artículo producto de una investigación denominado "La inédita Construcción Jurisprudencia' de la llamada jurisdicción normativa por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia El Dr. Carlos Luis Carrillo ubica el origen de esta facultad en un grupo de decisiones producidas por la sala, ellas son:

CASO ASOPRILARA E IGOR GARCIA Y JUVENAL RODRIGUEZ amparo constitucional también denominada "Créditos Mejicanos" o "Créditos Flexibles" en contra de la Superintendencia de Bancos y otros.

CASO ASOPRILARA E IGOR GARCIA Y JUVENAL RODRIGUEZ amparo constitucional también denominada "Créditos Mejicanos" o "Créditos Flexibles" en contra de la Superintendencia de Bancos y otros.

CASO JOSE ARMANDO MEJIA. 1 DE FEBRERO DE 2000

CASO ASCANDER CONTRERAS UZCATEGUI. 19 OCTUBRE DE 2000.

CASO ALBERTO ZAMORAQUEVEDO. 9 DE MARZO DE 2000.

CASO CLAUDIA RAMIREZ TREJO. 14 DE MARZO DE 2001.

CASO CORPOTURISMO.

CASO DEFENSORIA DEL PUEBLO 30 DE JUNIO DE 2000.

CASO WILLIAM OJEDA 31 DE AGOSTO DE 2000.

VEEDORES DE LA UCAB 23 DE AGOSTO DE 2000

INSACA 14 DE MARZO DE 2001.

GOBERNADORES. 21 DE NOVIEMBRE DE 2000

CASO SERVIO TULIO LEON.22 DE SEPTIEMBRE DE 2000. RICARDO COMBELLAS 9 DE NOVIEMBRE DE 2000.

Pero en esta clasificación se mezcla la etiología de las mismas, es decir, unas tienen su origen en solicitudes para interpretar la Constitución, otras en un recurso de revisión y otras de diversa naturaleza.

Siendo un poco atrevido en mis opiniones y pensamientos creo que la facultad derivada de la acción prevista en el artículo 335 constitucional que analice previamente, si puede generar una especie de norma jurídica, la sentencia que interpreta puede generar una orientación específica para el caso especifico que en un proceso de razonamiento final determina una norma jurídica, tal cual lo ha venido haciendo la sala constitucional del tribunal supremo de justicia. Lo que no podría ser nunca es introducir la casuística en el desarrollo de esa actividad propia de la sala constitucional. La actividad legislativa propiamente dicha en la armazón constitucional tiene un sentido especifico es regulada por varias instituciones de naturaleza constitucional está afectada por el principio de separación de poderes, tal producción de sentencias provistas de carácter vinculante deben ceñirse específicamente al sistema estatuido y no ser producto de acciones que en su origen y su finalidad sean diferentes a la establecida en el texto constitucional.

A favor de la actividad desplegada por la sala constitucional sujeta a tantas críticas, que la norma constitucional no distingue un procedimiento específico para

producir la interpretación constitucional, es decir,                  la
adecuación de una norma de rango legal a la constitución y la interpretación sobre el alcance de las normas y principios constitucionales, tampoco ha sido puesta en vigencia una Ley que regularice esta situación, en contra de la actividad desplegada por la sala constitucional que si ella misma ha establecido procedimientos vía legislación positiva, puede ya, luego del desarrollo de la diatriba jurídica explanada, generar 

una regulación específica que desemboque en mayor seguridad jurídica, es decir un procedimiento específico con un origen especifico, por cuanto el estado actual de las circunstancias es que producto de una variada gama de procedimientos se establece legislación positiva que si bien en muchos casos era y es necesaria la misma se encuentra dispersa en una gran cantidad de decisiones en un ambiente que no es de raíz anglosajona. Quizás en una cultura jurídica diferente en la cual existe la costumbre de acudir a las diferentes decisiones y a los precedentes que ellas producen la calidad y cantidad de las criticas serian diferentes, pero habiendo conciencia del medio en el cual se desenvuelve la situación láctica es plausible una adaptación más concreta a un sistema en el que en mi opinión se mezclan dos culturas dos maneras de hacer derecho, de hacer justicia. Las ideas que explano no implican de mi parte una aceptación no crítica de la realidad planteada, tratan de ser un análisis que parte de lo más simple y que busca aportar un punto de concreción en todo el asunto explanado.

Bibliografía.

CIVIL LITIGATION, Third Edition, Peggy N. Kerley, Joanne Banker Hames, Paul A. Sukys, West, Thomson Learning, United States — 2001

DERECHO CONSTITUCIONAL, Tercera Edición, Isdre Molas, Editorial Tecnos, Madrid —2005

DE LA CARTA MAGNA A LA CONSTITUCIÓN NORTEAMERICANA, Arthur E. Sutherland, traducido por José Clementi, Tipografía Editora Argentina, S.A. Buenos Aires — 1972

EL PRECEDENTE JUDICIAL, Leonor Moral Soriano (Monografías Jurídicas), Marcial Ponds Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid — 2002

METODOLOGIA DE LA CIENCIA DEL DERECHO, Kart Larenz, Editorial Ariel, S.A., Barcelona España -2001

LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: SU ROL COMO MAXIMA Y ULTIMA INTERPRETE DE LA CONSTITUCION, Rubén J. Laguna Navas, serie: Trabajo de Grado No. 7, Editado por el Departamento de Publicaciones Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela, Caracas — 2005

DICCIONARIOS DE LATINISMOS EN EL ESPAÑOL DE VENEZUELA, Valentina Truneanu Castillo, Editorial CEC, C.A. Los Libros del Nacional, Caracas Venezuela —2005

Gustavo Manzo

AMPARO CONSTITUCIONAL, Ricardo Henríquez La Roche, Ricardo Henríquez Larrazabal, Altolitho, C.A., Caracas Venezuela - 2002

1946-160703-03-0839.htm Decisión de la acción de Nulidad por Inconstitucionalidad solicitada por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) contra el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial N. 37.323 del 13 de noviembre de 2001.

301-270207-01-2862.htm. Decisión de la acción de nulidad por inconstitucionalidad solicitada por Adriana Vigilanza García y Carlos A. Vecchio, en contra de los artículos 67, 68, 69, 72, 74 y 79 del Decreto n° 307 con Rango y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial n° 5.390 Extraordinario, de 22 de octubre de 1999.