Retos sociales, políticos y económicos en la República de Colombia luego de la victoria electoral de Iván Duque Márquez a la presidencia

Durante las observaciones y estudios realizados y el contacto con diferentes comunidades aquí en Bogotá, puedo asegurar que las expectativas del ciudadano colombiano, luego del proceso electoral presidencial, están centradas en diferentes aspectos. En el curso de este análisis comentaremos dos de ellos.

Un primer tema al cual hay que referirse es el relativo a lo que espera la población de bajos recursos en cuanto al Estado Social de Derecho se refiere. En efecto, el Estado Social de Derecho posee puntos que no se concretan en derechos y deberes en la sociedad colombiana. Los derechos a la salud, a la vivienda y a la seguridad social de la población más pobre de la República de Colombia confrontan serias dificultades  para verse concretados. Un informe de la CEPAL[1] sobre Colombia da cuenta de los siguientes aspectos comentados: “Los salarios se ajustaron a tasas de entre el 4% y el 7% (este último porcentaje fue acordado para el aumento del salario mínimo). El desempleo urbano resintió la desaceleración económica y en el promedio trimestral móvil de los últimos 12 meses hasta septiembre aumentó del 10,2% en 2016 al 10,4% en 2017, con un incremento mayor en las 13 principales áreas metropolitanas (del 9,9% al 10,5%). Los sectores con mayor caída de la ocupación fueron el comercio y las actividades inmobiliarias. Se destaca el aumento de población ocupada en el sector agropecuario.” De igual forma, las cifras del Departamento Administrativo  Nacional de Estadística  (DANE)[2] 2017 hacen referencia a indicadores de la pobreza que deben ser tomados en cuenta: “En 2017 la pobreza multidimensional fue 17,0% para el total nacional. En 2016 fue 17,8%.” Aun cuando se hace referencia a la salida de la pobreza de 255.000 ciudadanos colombianos, el reto es que a partir de la toma de posesión de Iván Duque se trabaje sobre estos indicadores para que mejoren ostensiblemente. El costo y acceso de los servicios de salud, vivienda y educación, al presentar mejorías, reduciría un descontento evidente de la población. Si se toma en cuenta los porcentajes que favorecen a determinados postulados del espectro político colombiano, puede notarse que un porcentaje importante de la población colombiana  viene llevando a cabo trabajo político para que se tomen en cuenta  los temas señalados en este primer punto y por supuesto en 4 años con nuevas elecciones el desempeño de esta población será determinante  en los futuros resultados electorales.

Un segundo aspecto que debe tomarse como un reto para la nueva administración es el tema de la justicia.

Los retos de la justicia que no dependen directamente del Poder Ejecutivo son un reto pues la percepción sobre el tema de la corrupción, la efectividad de la justicia penal y la concreción de derechos, mediante el uso del sistema de justica, es bajo. Un aspecto de lo mencionado fue tomado en cuenta por el ministro de justicia en el año 2016 reseñado por la Revista Semana de Colombia[3] que señala: “Según el ministro de Justicia, Yesid  Reyes Alvarado, en Colombia ocho de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, sin embargo, nueve de cada 10 creen en la acción de tutela como herramienta para hacer valer sus derechos fundamentales. El funcionario cuestionó la ineficiencia de la rama judicial tras considerar que se debe avanzar en mejorar el acceso de los ciudadanos a la aplicación de justicia.”

Evidentemente llevar a cabo un proceso de comparación entre Venezuela y Colombia en estos momentos carece de sentido, pues en Venezuela  no está presente la democracia y no se respeta el Estado Derecho, pero el fenómeno de influencia que durante el recorrido electoral se ha observado  sobre la campaña presidencial en Colombia debe  ser tenido en cuenta pues se presentará igualmente en otras áreas.

No luce inapropiado pensar que si el Ejecutivo no obtiene, en estos cuatro años por venir, resultados positivos en situaciones tan sensibles como las mencionadas y sumado el fenómeno de influencia que se da desde Venezuela, existe una posibilidad cierta de un giro a la izquierda en el futuro cercano. El desarrollo de las preferencias que obtuvo el candidato Sergio Fajardo así lo hace ver.  No en balde parte de las promesas de campaña de este candidato estuvieron centradas en temas relativos a la educación.

Si definimos que la resiliencia es la capacidad de superar la adversidad, no debe perderse tiempo políticamente hablando, en acudir pronto a buscar resultados positivos en las materias que se han señalado.

Una situación que debe ser valorada para la actualidad es que las profundas diferencias entre los postulados de la ideología política liberal y la socialista han quedado en el pasado. En España, Alemania o en el norte de Europa coinciden economías de libre mercado y postulados del Estado Social de Derecho. Aun cuando ya algunos autores hablan de la crisis o la quiebra del Estado Social de Derecho, sus postulados fundamentales y aun más, los derechos contenidos en sus premisas, en mi modesta opinión, están lejos de soslayarse o socavarse y avanzan, en virtud del fenómeno de la constitucionalización de los derechos, a quedar plasmados en una cantidad importante de constituciones a lo ancho del mundo; y este fenómeno de constitucionalización crea espacios que dejan de ser meras promesas para formar parte del derecho. Se trata de una responsabilidad de los órganos de justicia que debe cumplirse con toda pulcritud para que lo social guarde equilibro que permita el desarrollo del Estado y la sociedad.

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[1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/79/BPE2017_Colombia_es.pdf

[2] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017

[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/en-colombia-ocho-de-cada-diez-ciudadanos-no-cree-en-la-justicia/463345